El analista político José Carlos Sánchez afirmó que una eventual revocatoria de mandato contra el presidente Rodrigo Paz no es viable en la actualidad, debido a que la Constitución Política del Estado establece requisitos específicos para activar este mecanismo de participación ciudadana.

El analista político José Carlos Sánchez 

Según explicó, el artículo 240 de la Carta Magna señala que una autoridad electa solo puede ser sometida a un proceso de revocatoria una vez cumplida la mitad de su mandato.

“En este momento quieren revocar al presidente y otras autoridades, pero eso no procede. El principal requisito es que la autoridad a ser revocada llegue a la mitad del mandato”, sostuvo.

Sánchez consideró que las propuestas surgidas en medio del actual conflicto social reflejan el descontento de distintos sectores ante la situación que atraviesa el país. Sin embargo, remarcó que cualquier modificación a las reglas vigentes requeriría una reforma constitucional y un procedimiento que demandaría varios meses.

Respecto a la crisis generada por los bloqueos y las movilizaciones, señaló que el conflicto debe resolverse con prontitud debido a las consecuencias económicas y sociales que enfrenta la población.

“Ya hay personas que están pasando hambre por culpa de la falta de cumplimiento de las obligaciones de los gobernantes”, manifestó.

Consultado sobre los pedidos de renuncia del presidente, indicó que la principal responsabilidad de las autoridades es cumplir las funciones para las que fueron elegidas y responder a las demandas de la ciudadanía.

Asimismo, se refirió a la propuesta legislativa que busca sancionar las falsas promesas electorales, señalando que iniciativas de ese tipo podrían contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

En relación con las medidas que el Gobierno podría adoptar para enfrentar los conflictos, Sánchez sostuvo que el cumplimiento de la Constitución y las leyes debe ser el marco para cualquier decisión, aunque advirtió que existe preocupación por la falta de acciones concretas para restablecer la normalidad en distintas regiones del país.

Finalmente, expresó que la prolongación de los conflictos afecta la seguridad jurídica, la actividad económica y las oportunidades de desarrollo, especialmente para los jóvenes.

“Sin seguridad jurídica no habrá inversión ni crecimiento económico. Bolivia necesita estabilidad, respeto a la ley y condiciones que permitan a las personas desarrollar sus proyectos de vida”, concluyó.

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