La reciente aprobación del proyecto de ley que declara de prioridad nacional la construcción de la carretera alterna entre Cochabamba y La Paz por la ruta de Río Abajo representa un nuevo paso para una obra largamente esperada. Sin embargo, el principal impulsor ciudadano de la iniciativa, Alejandro Mostajo, considera que la norma, por sí sola, no garantiza el inicio de la construcción.
Mostajo afirmó que la ley aprobada por la Cámara de Diputados constituye "un anexo jurídico" que permitirá incorporar el proyecto a la Red Vial Fundamental y facilitar la búsqueda de financiamiento, aunque recordó que durante las últimas tres décadas ya se aprobaron al menos seis normas relacionadas con esta carretera sin que llegaran a ejecutarse.
"En 30 años se aprobaron varias leyes que quedaron estancadas. Lo que hoy se está logrando no es producto únicamente de una decisión política, sino también de la presión constante ejercida por las poblaciones de Ayopaya e Inquisivi, que durante años demandaron la construcción de esta vía", sostuvo.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara de prioridad nacional la construcción del tramo Río Abajo–Quillacollo y autoriza al Órgano Ejecutivo a gestionar recursos mediante créditos, cooperación internacional y alianzas público-privadas para hacer viable la obra.
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Una inversión millonaria
Según Mostajo, el principal desafío será el financiamiento. Explicó que únicamente el tramo Vinto–Sacambaya, correspondiente al departamento de Cochabamba, demandará una inversión superior a los 400 millones de dólares.
A ese monto deberá sumarse el presupuesto necesario para ejecutar los tramos correspondientes al departamento de La Paz, por lo que la inversión total será considerablemente mayor.
El activista señaló que la aprobación de la ley abre la posibilidad de acceder a financiamiento nacional e internacional, aunque insistió en que todavía deberán elaborarse estudios técnicos y diseños definitivos antes del inicio de las obras.
No reducirá el viaje a cuatro horas
Mostajo también rechazó las versiones que circulan en redes sociales y que aseguran que la nueva carretera permitirá viajar entre Cochabamba y La Paz en apenas tres o cuatro horas.
"No hay que vender humo", manifestó al aclarar que esa información carece de sustento técnico.
Explicó que la futura carretera atravesará una geografía montañosa y sinuosa, por lo que los tiempos de viaje proyectados oscilan entre seis y siete horas, una reducción importante respecto al recorrido actual por esa ruta, que puede superar las doce horas debido al estado del camino. Sin embargo, no será más rápida que la carretera principal por Oruro.
Una ruta alterna con enfoque productivo
El impulsor del proyecto enfatizó que el objetivo principal no es reemplazar la actual carretera troncal que conecta Cochabamba y La Paz, sino consolidar una vía alterna que fortalezca la integración regional y reduzca la dependencia de un solo corredor nacional.
Indicó que la nueva carretera beneficiará principalmente a productores agrícolas, ganaderos y mineros de municipios de Ayopaya, Quillacollo, Río Abajo e Inquisivi, facilitando el transporte de alimentos y minerales hacia los principales mercados del país.
Asimismo, destacó que la nueva conexión podría convertirse en una alternativa estratégica cuando la carretera principal registre interrupciones por desastres naturales o conflictos sociales, además de promover el desarrollo económico de regiones históricamente aisladas.
Aunque la aprobación legislativa representa un avance importante para una demanda histórica, especialistas y promotores del proyecto coinciden en que el verdadero reto comenzará con la obtención del financiamiento, la elaboración de estudios definitivos y la ejecución de una infraestructura que requerirá una inversión de varios cientos de millones de dólares antes de convertirse en una nueva alternativa vial entre los departamentos de Cochabamba y La Paz.
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