El proyecto de ley que plantea la regularización extraordinaria de vehículos indocumentados, conocidos como "autos chutos", volvió a instalar el debate sobre cuánto tendría que desembolsar un propietario para legalizar su motorizado en Bolivia. La iniciativa, presentada por el diputado de la Alianza Libre, Reinaldo Zeas, aún debe ser debatida en la Asamblea Legislativa y no establece un monto fijo para la nacionalización. Sin embargo, expertos en comercio exterior y despachantes de aduana coinciden en que el costo final dependería del valor comercial del vehículo, el pago de tributos de importación, multas, tasas administrativas y el registro correspondiente.


De concretarse una eventual ley, especialistas estiman que la legalización de un vehículo podría representar un desembolso de entre Bs 15.000 y Bs 40.000, dependiendo del modelo, año de fabricación, cilindrada y avalúo aduanero. Ese monto incluiría el Gravamen Arancelario (GA), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) cuando corresponda, además de gastos por nacionalización, inspección técnica, placas, registro en el RUAT y otros trámites administrativos. En procesos de regularización anteriores, como el aplicado en 2011 mediante la Ley de Regularización y Saneamiento Vehicular, también se exigieron pagos extraordinarios y el cumplimiento de requisitos específicos establecidos por el Estado.

La propuesta legislativa plantea que los propietarios acrediten la posesión del vehículo antes de una fecha determinada, presenten documentación de identificación personal, sometan el motorizado a una inspección física y verificación técnica, además de demostrar que no se trata de un vehículo con denuncia de robo internacional. Asimismo, la iniciativa prevé que los vehículos con reporte de robo o aquellos vinculados a actividades ilícitas queden excluidos del proceso de regularización. Las autoridades también tendrían que verificar el número de chasis, motor y otros elementos de identificación para evitar la legalización de motorizados con antecedentes penales. 

Mientras sectores propietarios de vehículos indocumentados consideran que la medida permitiría incorporar miles de motorizados a la economía formal y ampliar la recaudación tributaria, empresarios, importadores legales y representantes del sector automotor advierten que una nueva amnistía podría incentivar el contrabando y afectar a quienes cumplen con la normativa vigente. Por ahora, el proyecto continúa en etapa de análisis y no existe una decisión oficial sobre su aprobación. 

Dato curioso durante el último proceso extraordinario de regularización vehicular de 2011, los propietarios de vehículos indocumentados debían cancelar montos que oscilaban entre 700 y 25.000 dólares. En ese entonces, el tipo de cambio oficial se mantenía en Bs 6,96 por dólar, por lo que el costo de la nacionalización equivalía aproximadamente a Bs 4.872 en el caso de los vehículos de menor valor y podía alcanzar hasta Bs 174.000 para los de mayor costo. Esta referencia permite dimensionar el impacto económico que implicaría una eventual nueva regularización, considerando que los tributos de importación y otros requisitos técnicos continúan siendo factores determinantes para definir el monto final que debería asumir cada propietario.

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