El presidente de la Asociación de Padres de Familia de Unidades Educativas Privadas, Ernesto Suárez, exhortó a las familias a utilizar el descanso pedagógico para completar los esquemas de vacunación de los estudiantes y reforzar las medidas de prevención frente al incremento de casos de herpangina registrados en Cochabamba.

Suárez señaló que la ampliación de las vacaciones escolares hasta el 27 de julio representa una oportunidad para que los padres realicen controles médicos, fortalezcan el proceso de aprendizaje de sus hijos y promuevan actividades deportivas y de convivencia familiar. Asimismo, recomendó prestar mayor atención al uso de dispositivos móviles por parte de niños y adolescentes, debido al aumento de casos de violencia digital.

Presidente de la Asociación de Padres de Familia de Unidades Educativas Privadas

En relación con la situación sanitaria, el dirigente explicó que los padres de familia solicitaron a las autoridades educativas nacionales la implementación de brigadas móviles de vacunación en coordinación con los servicios departamentales de salud. Indicó que la inmunización de menores de 12 años se incrementó en aproximadamente un 30%, aunque insistió en que aún es necesario convencer a más familias para proteger a sus hijos antes del retorno a las aulas.

Suárez recordó que antes del inicio del receso escolar se detectaron casos de herpangina en unidades educativas de Cercado, Sacaba, Quillacollo y Vinto, por lo que consideró indispensable que los estudiantes regresen a clases en condiciones adecuadas de salud. En ese sentido, pidió a los padres no enviar a sus hijos a los establecimientos educativos si presentan síntomas de alguna enfermedad contagiosa, con el objetivo de evitar nuevos brotes.

Finalmente, demandó a las gobernaciones y gobiernos municipales garantizar la limpieza, desinfección y fumigación de todas las unidades educativas, sin distinción entre establecimientos públicos, privados o de convenio. Advirtió que las organizaciones de padres de familia respaldarán las acciones legales o denuncias contra las autoridades que incumplan con estas medidas, al considerar que la protección de la salud de los estudiantes es una responsabilidad compartida entre las familias y el Estado.

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