El dirigente fabril de Cochabamba, Abraham Anzaldo, pidiΓ³ que antes de cerrar o transferir empresas pΓΊblicas se analicen alternativas que permitan preservar las inversiones realizadas y las fuentes laborales. TambiΓ©n cuestionΓ³ los controles sobre el contrabando de combustibles y advirtiΓ³ sobre posibles efectos en los precios de productos de primera necesidad.

Abraham Anzaldo, dirigente fabril.

El debate sobre el futuro de las empresas pΓΊblicas y las medidas econΓ³micas relacionadas con los carburantes genera preocupaciΓ³n entre diferentes sectores laborales. En Cochabamba, el dirigente fabril Abraham Anzaldo manifestΓ³ su rechazo a un eventual cierre de empresas estatales y planteΓ³ la necesidad de buscar alternativas antes de tomar decisiones definitivas.

SegΓΊn Anzaldo, en diferentes empresas pΓΊblicas y estratΓ©gicas se han realizado importantes inversiones estatales, por lo que considerΓ³ que estas no deberΓ­an ser cerradas o transferidas sin analizar previamente otras posibilidades de administraciΓ³n.

Proponen participaciΓ³n pΓΊblico-privada

Como una de las alternativas, el dirigente fabril planteΓ³ considerar modelos de participaciΓ³n pΓΊblico-privada, en los que el Estado y el sector privado compartan la administraciΓ³n y la inversiΓ³n.

Anzaldo seΓ±alΓ³ que existen empresas en las que, segΓΊn su planteamiento, una participaciΓ³n compartida entre ambos sectores permitirΓ­a mantener las operaciones, incorporar inversiΓ³n privada y preservar las fuentes laborales.

“No podemos cesar las empresas que han tenido una inversiΓ³n fuerte para que funcionen”, sostuvo el dirigente durante la entrevista con Radio CEPJA.

Desde su perspectiva, las empresas que presentan dificultades econΓ³micas deberΓ­an ser sometidas a un anΓ‘lisis antes de determinar su cierre o transferencia total al sector privado.

Cuestionamientos sobre el control del contrabando

Durante la entrevista tambiΓ©n se abordΓ³ la discusiΓ³n sobre la subvenciΓ³n a los carburantes y los argumentos relacionados con el contrabando.

Anzaldo cuestionΓ³ que la responsabilidad por las pΓ©rdidas asociadas al contrabando recaiga sobre la subvenciΓ³n y sostuvo que corresponde al Estado fortalecer los mecanismos de control y establecer responsabilidades cuando existan irregularidades.

El dirigente puso como ejemplo el traslado de combustibles mediante cisternas y cuestionΓ³ que puedan existir unidades cuyo destino final no estΓ© adecuadamente controlado.

En ese sentido, planteΓ³ que las autoridades deben identificar dΓ³nde se producen las posibles irregularidades y aplicar las sanciones correspondientes.

PreocupaciΓ³n por el impacto en los precios

Respecto a la eliminaciΓ³n o reducciΓ³n de la subvenciΓ³n a los carburantes, Anzaldo expresΓ³ su preocupaciΓ³n por el efecto que, desde su perspectiva, podrΓ­a tener sobre el costo de productos de primera necesidad.

El dirigente sostuvo que el incremento del precio de los combustibles puede trasladarse a diferentes sectores de la economΓ­a, particularmente al transporte y al costo de los productos que llegan a los mercados.

Como ejemplo, mencionΓ³ el aumento que, segΓΊn su percepciΓ³n, ya se observa en algunos alimentos preparados y seΓ±alΓ³ que las familias podrΓ­an enfrentar mayores dificultades para acceder a productos bΓ‘sicos si continΓΊan aumentando los precios.

“No vamos a encubrir ningΓΊn acto de corrupciΓ³n”

Consultado sobre posibles hechos de corrupciΓ³n que involucren a trabajadores, Anzaldo afirmΓ³ que el sector fabril no encubrirΓ‘ este tipo de situaciones.

El dirigente sostuvo que, si existen denuncias o evidencias de actos irregulares, estas deben ser remitidas a las instancias correspondientes para su investigaciΓ³n y eventual sanciΓ³n.

“Nosotros no vamos a tapar ningΓΊn acto de corrupciΓ³n”, afirmΓ³.

Anzaldo seΓ±alΓ³ que esta posiciΓ³n se aplica independientemente de si las personas involucradas pertenecen o no al sector obrero.

El planteamiento del sector fabril

La posiciΓ³n expresada por el dirigente fabril se centra en tres aspectos: preservar las fuentes laborales, analizar alternativas para las empresas pΓΊblicas antes de disponer su cierre o transferencia y fortalecer los controles sobre el contrabando y la corrupciΓ³n.

Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre las medidas econΓ³micas adoptadas por el Gobierno y sus posibles efectos sobre trabajadores, empresas y consumidores.

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